El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, ha tomado una serie de medidas que han afectado la libertad y la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, especialmente las de carácter cristiano. Según denuncian diversas fuentes, estas medidas forman parte de una estrategia de represión y control político que busca eliminar cualquier voz crítica o disidente al régimen.

El pasado 4 de noviembre, el gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta una resolución que ordena la suspensión de las actividades de otras 100 ONG, la mayoría de ellas entidades cristianas evangélicas¹². Entre las razones que se esgrimen para esta medida se encuentran el incumplimiento de las normas legales establecidas, la obstaculización del control y la fiscalización estatal, y la realización de actividades que atentan contra la seguridad nacional y el orden público³.

Entre las entidades afectadas por esta resolución se encuentran la Asociación Jesús Cristo Meu Guia; Fundación Bautista para el Desarrollo Educativo; Asociación de Teólogos Cristianos; Asociación de la Iglesia Misionera de Belém; Fundación de Capellanes y Pastores Unidos por el Reino; Asociación de Iglesias Evangélicas El Poderoso de Israel del Municipio de San José de los Remates; Asociación de Ministerios Jehová Es Mi Guerrero; Asociación del Ministerio Profético Apostólico Levantando la Cosecha de Nicaragua, entre otras¹².

Esta resolución se suma a otras acciones que el gobierno ha tomado contra las ONG en los últimos meses. En agosto, se aprobó una ley que obliga a las ONG a registrarse como agentes extranjeros si reciben fondos o apoyo de otros países, lo que implica una serie de restricciones y sanciones para su funcionamiento. En septiembre, se canceló la personalidad jurídica de 15 ONG, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las más reconocidas defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión en Nicaragua. En octubre, se ordenó el cierre definitivo de otras 24 ONG, entre ellas la Asociación Cristiana Nicaragüense Pro Desarrollo (ACNPD), que brindaba asistencia social y educativa a miles de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en lo que va del año 2022 se han suspendido o cancelado las actividades de unas 2.689 ONG en Nicaragua. Esta situación ha sido denunciada y condenada por diversos sectores de la sociedad civil, la oposición política y la comunidad internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha calificado estas medidas como parte de una ola de represión que comenzó tras las protestas antigubernamentales de 2018 y se intensificó en los meses previos a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.

Las elecciones, en las que Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo con más del 75% de los votos, han sido cuestionadas por su falta de transparencia, pluralismo y garantías democráticas. Varios candidatos opositores fueron detenidos o inhabilitados para participar en el proceso electoral, así como periodistas, activistas y líderes sociales. Además, se reportaron numerosas irregularidades e intimidaciones durante la jornada electoral y el escrutinio.

Ante este panorama, las entidades cristianas en Nicaragua han expresado su preocupación y su rechazo a las acciones del gobierno que limitan su labor social y evangelística. También han pedido oración y solidaridad a sus hermanos en la fe dentro y fuera del país. Algunas organizaciones internacionales como Puertas Abiertas han lanzado campañas para apoyar a los cristianos perseguidos en Nicaragua y exigir el respeto a sus derechos fundamentales.

Referencias:

¹: Gobierno de Daniel Ortega impide actividad de entidades cristianas en Nicaragua

²: Gobierno de Daniel Ortega impide actividad de entidades cristianas

³: Nicaragua: Gobierno suspende actividades de 100 ONG, la mayoría cristianas